La medida no solo le permite retirarse la tobillera electrónica y recuperar su pasaporte, sino que la autoriza expresamente a regresar a su país de origen. Sin embargo, para que se haga efectivo el levantamiento de las medidas cautelares, exige el pago de una caución de 60 salarios mínimos nacionales, cerca de 20.000 dólares.

El fallo, firmado por el desembargador Luciano Silva Barreto, de la Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, revierte la postura del juez de primera instancia, que había intentado mantener a la abogada santiagueña bajo vigilancia estricta en territorio brasileño.

Para el magistrado, la permanencia forzosa de Páez en Brasil, una vez finalizada la etapa de recolección de pruebas, carecía de fundamento procesal y se transformaba en un “constrangimento ilegal flagrante”. Este concepto describe una coacción o restricción a la libertad que pierde sustento jurídico al no haber más pruebas que recolectar, transformándose así en una pena anticipada prohibida por la ley.

“Su permanencia en Brasil (...) se convirtió en un fin en sí misma, desprovista de cualquier utilidad procesal”, destacó el magistrado en la decisión. “Cada día que permanece en Brasil contra su voluntad (...) representa una violación continua y progresiva de su derecho de ir y venir”, justificó, en un fallo con duras críticas al juez de primera instancia.

Contactada por LA NACION, la defensa de Agostina Páez, liderada por la abogada Carla Junqueira, no quiso comentar la decisión.

Más allá del permiso para volver a la Argentina, la decisión marca otro éxito de la estrategia legal de la defensa de Páez. Las pretensiones iniciales de la justicia carioca para permitir que la abogada influencer esperara la sentencia en su casa rondaban los 150.000 dólares, pero la Cámara concedió una reducción drástica que dejó la cifra en aproximadamente 20.000 dólares estipulados en el fallo. Este monto servirá como garantía para el pago de una eventual pena de multa y la reparación de daños a las víctimas, un requisito que incluso contó con el visto bueno del Ministerio Público para destrabar el regreso de Páez.