Las autoridades explicaron que actualmente existe un proceso judicial en curso impulsado por universidades públicas para exigir el cumplimiento de la normativa. “Hay un fallo de primera instancia que hace lugar al planteo y una posterior ratificación por parte de la Cámara Federal, que convalida la necesidad de cumplir con la ley de financiamiento universitario”, señaló Ledesma.

El rector agregó que el caso podría escalar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso de que se mantengan las instancias de apelación.

Por su parte, Mellano describió el fuerte impacto que la situación presupuestaria tiene en el funcionamiento cotidiano de la universidad. “El problema más crítico es el salarial: desde 2023 a la actualidad hay un atraso superior al 55%”, afirmó.

Además, indicó que el recorte en becas afecta directamente a los estudiantes. “Estamos trabajando con recursos limitados, tratando de sostener las actividades académicas, de investigación y de extensión en un contexto muy complejo”, sostuvo.

En esa línea, Ledesma detalló que la reducción del financiamiento también repercute en el desarrollo de actividades académicas. “Las salidas de campo, los trabajos de laboratorio y otras instancias fundamentales para la formación se han reducido, aunque no se han eliminado”, explicó.

Asimismo, advirtió sobre la paralización de programas clave. “Líneas de financiamiento para extensión, fortalecimiento de doctorados o programas como Equipar Ciencia y Construir Ciencia no han tenido continuidad este año, lo que afecta directamente al sistema científico y tecnológico”, indicó.

Otro de los puntos señalados fue la composición del presupuesto universitario. Según precisó el rector, cerca del 92% de los recursos se destina al pago de salarios, mientras que solo un 8% queda para el funcionamiento general. “El esquema ideal debería ser de un 85% para salarios y un 15% para funcionamiento, y ese desbalance es parte del reclamo que sostenemos”, subrayó.

En cuanto a las becas, Ledesma mencionó que algunas líneas continúan para estudiantes ya incluidos, pero con restricciones en nuevos ingresos, como ocurre en programas estratégicos. “Esto limita las oportunidades de acceso y permanencia en la universidad”, afirmó.

A pesar del contexto, las autoridades remarcaron que la UNSE mantiene mecanismos de control y transparencia en la ejecución de sus recursos. “Contamos con auditorías internas y rendiciones periódicas ante Nación, por lo que estamos en condiciones de responder a cualquier requerimiento”, aseguró Mellano.

Finalmente, destacaron la importancia de contar con datos concretos y previsibilidad presupuestaria para garantizar el normal funcionamiento del sistema universitario público. “La universidad no puede detenerse, pero necesita condiciones adecuadas para sostener su rol académico, científico y social”, concluyó la vicerrectora.