Un informe elaborado por las ONG Ruido y Connectas analizó la composición de las Cortes provinciales en todo el país y reveló que, en promedio, el 64% de sus integrantes había tenido algún tipo de relación previa con el poder político antes de asumir. De los 138 magistrados relevados, 88 presentaron antecedentes laborales, familiares o partidarios con los gobiernos locales, y 76 fueron designados durante gestiones del mismo signo político con el que habían trabajado.

En contraste, el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero se destacó como el más independiente: ninguno de sus actuales jueces registra vínculos laborales previos con el Ejecutivo provincial. El cuerpo está integrado por Eduardo Federico López Alzogaray (presidente), Eduardo José Ramón Llugdar y Ana Rosa Rodríguez, quienes, según el estudio, no tienen antecedentes de dependencia política.

El relevamiento también expuso fuertes casos de “colonización judicial” en provincias como La Rioja, San Juan, San Luis, Formosa y Entre Ríos. En La Rioja, por ejemplo, el gobernador Ricardo Quintela impulsó la designación de su sobrina, Ana Karina Becerra, como jueza del Tribunal Superior, quien fue nombrada presidenta a solo cuatro meses de asumir. Además, su esposo ocupa cargos clave y mantiene negocios con el mandatario.

En San Juan, los cinco integrantes de la Corte tienen vínculos previos con exgobernadores peronistas, mientras que en Tucumán, cuatro de los cinco miembros del máximo tribunal también pasaron por funciones dentro del gobierno provincial antes de su nombramiento. La tendencia general revela un fuerte predominio de magistrados vinculados al peronismo: 87 de los 138 jueces provinciales relevados llegaron a sus cargos con avales de gestiones de ese signo político.

El informe advirtió, además, sobre la falta de transparencia en la mayoría de los tribunales superiores. Muchos de ellos no brindaron información completa sobre los antecedentes de sus miembros, lo que dificulta evaluar la independencia y trayectoria de los magistrados en causas de relevancia política. Solo algunas provincias, como Córdoba, facilitaron datos completos, mientras que otras respondieron de manera parcial o directamente los negaron.

En este escenario, Santiago del Estero se presenta como un caso atípico: un tribunal superior cuya conformación aparece libre de vínculos políticos directos, lo que lo posiciona como una excepción en el mapa judicial argentino.