Según el reclamo de la Fundación Apolo, al que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso, la imputación fue desproporcionada al no contar con una condena firme por el cargo de injuria racial, episodio ocurrido durante sus vacaciones en Río de Janeiro.

El mismo escrito indicó que Páez fue detenida luego de un incidente en un bar del barrio de Ipanema a partir de un desacuerdo por el cobro de una cuenta y fue acusada de realizar gestos considerados ofensivos.

El hecho no sólo derivó en la retención de su pasaporte, sino que además se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.

El reclamo sostiene que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como advierte que la medida restrictiva fue adoptada sin evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, ni se consideró la condición de mujer extranjera de la imputada.

Asimismo, se destacó la existencia de registros fílmicos previos a la reacción de Páez, donde uno de los empleados del establecimiento hizo gestos obscenos dirigidos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue debidamente ponderada por las autoridades.

En ese sentido, se sostuvo que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, por tanto, su posterior reacción sería descontextualizada, lo que invertiría los roles de víctima y victimaria.

La fundación,que dirige el exlegislador Yamil Santoro, mencionó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Ley 20.957 del Servicio Exterior, y subrayó que la Cancillería se encuentra habilitada para intervenir ante una persecución penal que no supera los criterios de razonabilidad o debido proceso.

Además, el escrito citó a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.

El texto cuestionó el uso del caso por parte de fuerzas de seguridad brasileñas con fines de “ejemplaridad”, al difundir imágenes o mensajes en redes sociales oficiales que, reforzarían una lógica de estigmatización y “mano dura” incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

La entidad pidió que la Cancillería ejerza activamente la protección consular junto a la posibilidad de un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a la Argentina.